Una crisis ha estallado en el año
2008: su alma máter es Wall Street, y su carácter es
financiero. Y éste es un mundo globalizado, reventaría de inocente quien piense
que algo que suceda en un país no afectará al resto del mundo, así esté del otro
lado de un amplio océano (y, sobre todo, si hablamos de los Estados Unidos). Este es
el caso de la Unión Europea, donde muchos de sus países sufren hoy de una
tremenda crisis que, aunque bastante particular en cada Estado, los ha orillado invariablemente hacia las arbitrarias directrices de entidades externas, dentro y al exterior de
Europa; dada la conveniente división de las competencias del Banco Central Europeo,
director definitivo de las políticas monetarias europeas, y los Bancos Centrales Nacionales que le
están supeditados. El causal es evidente: El más ambicioso proyecto de Bruselas,
la moneda única de la Unión, ha propiciado las circunstancias económicas actuales; y lo que fuera en
sus inicios un asunto económico, hoy presenta las garras de sus matices más
políticos.
Pero, para ahondar en la situación
política de los Estados Europeos frente a la crisis económica, es preciso
empezar por dos casos ejemplares del manejo y solución de la crisis dentro de Europa: Islandia
y Hungría.
En Islandia, durante el 2008,
antes incluso que en los Estados Unidos, despierta una crisis financiera, debido
a una burbuja económica; cosa que lleva al país a nacionalizar sus bancos
comerciales como medida previsora —cuales no pudieron financiar la deuda que ya
habían contraído por sus altos intereses—. No obstante, esto no evitó la inminente
bancarrota del país. Ante las grandes deudas contraídas por los bancos
islandeses, protestas masivas de hasta el 1 y 2% de la población presionaron
tanto al Banco Central como el Parlamento. Para enero del 2009, el Primer
Ministro Haarde abandona su puesto y el de líder del partido, y el vicepresidente
ostenta como interino ambos cargos mientras convoca a elecciones
anticipadas en mayo. En septiembre del 2010 se decide, por parte del nuevo
gobierno de izquierda, que Haarde será enjuiciado por negligencia durante su
gobierno. En el 2011, este mismo gobierno somete por segunda vez a referendum el
pago de la deuda de los bancos, por parte del Estado, y la Nación islandesa vota
que no. Lo cierto es que, en dicho sufragio, Islandia impone su soberanía sobre las demandas económicas, pero la estabilidad que posee hoy es en gran
medida fruto de la eventual y dolorosa medicina que debió seguir por recomendación del Fondo Monetario
Internacional.
Por otro lado, Hungría comienza su encuentro a la crisis desde un punto
completamente distinto: recién habíase emancipado de la Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas, y su grado de endeudamiento público alcanzaba hasta
el 90% con relación al PIB. Relacionando, como perspectiva, la macroeconomía de Hungría con la
del grupo Visegrad (que lo incluye junto a la República Checa, Eslovaquia y
Polonia), le podemos percibir toda la década pre-crisis una alta deuda pública
que, a pesar de bajar, nunca llegó a ser baja; aunado a esto, el país magiar se vio sometido a un fuerte gasto estatal por parte
del Partido Socialista a partir del 2002. No obstante, durante algunos años mantuvo cierta estabilidad macroeconómica: Burló a
las casas calificadoras de riesgo pretendiendo
una moneda estable a través de un target
zone. Naturalmente, para el 2008, Hungría no pudo mantener su target
zone, devaluándose el florín y disminuyendo su calificación por parte de las casas calificadoras. Al Presidente Solyom sólo le restó aceptar la ayuda del Banco Central Europeo,
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, al precio que siempre es:
recortes de programas sociales y políticas crudas de austeridad. Ya para el
2010, la situación económica de Hungría es estable, pero el pueblo ejerce su
voto. Un marcado voto de castigo sustituye al Partido Socialista por el Democristiano, el cual se mantiene tras las nuevas elecciones de este año.
Con estos dos precedentes, ya es
factible abordar tres países que, al día de hoy, experimentan la
precaria situación de la crisis plena: Italia, Grecia, y España, la periferia
de la Unión Europea, y sobre quienes recaen las políticas económicas de
manera más amarga.
Entender la crisis económica que
vive Italia no es posible sin el precedente de su gran déficit. Este ha sido uno de sus grandes fardos, desde los años ochentas: Por presiones políticas
y demandas sociales de crear un Estado de Bienestar sin estar preparado para
financiarlo, y dada la carencia de una política fiscal efectiva para sobrellevar los
años ochentas en su marco internacional, Italia llegó a una deuda pública
que le ha sido sumamente difícil mantener. Pero su inclusión en la eurozona, y la supeditación
de su Banco Central al Banco Central Europeo han sido, junto con esto, las
razones de su precariedad actual. Cuando un Estado enfrenta una crisis, la combate desde uno de dos frentes: deuda pública o devaluación monetaria. Sin embargo, Italia —como cualquier otro miembro de la eurozona— carece de ambas posibilidades, por lo que depende de la emisión de deuda y el mercado financiero; exactamente igual que Grecia y España.
Es en diciembre del 2011, cuando
el Presidente Berlusconi pierde mayoría en el Parlamento italiano y abandona la Presidencia, se impone un sucesor propuesto por el Ejecutivo saliente: Mario Monti. Esta tendencia es quizás el
cambio político más significativo en Europa, puesto que Monti no es electo por la
voluntad popular sino impuesto de facto. Y dicha imposición no es voluntad de Berlusconi, sino del
Merkozy: la alianza franco-alemana que dirige la Unión Europea a través de las
reformas monetarias, dada su estabilidad y poder económico relativo a raíz de la crisis.
El motor es evidente: El fracaso económico de la Unión Europea supone el fracaso de la integración regional que lideran, y aquello significa la terminante desaparición de su peso específico frente a los Estados Unidos y un Asia dinámica y creciente.
Pero aún más, encontramos la inmersión de otro poder fáctico de escala global, dentro de la política europea: El Grupo Las Vegas. Esto no es un organismo internacional, sino la agrupación lógica de actores económicos complementarios que representan efectos sumamente tangibles en la economía mundial: los grupos de banca de inversión
como Goldman Sachs; casas calificadoras como Standard & Poor’s, Fitch
Ratings, y Moody’s; y medios masivos de comunicación como The Economist, The
Post, y Fox News. Y la inmersión es clara: Mario Monti es ex–chairman de Goldman Sachs. Y no es el único.
Durante el periodo en que Karamanlís fue
Primer Ministro, del 2004 al 2009, hubo una gran falsificación de
los datos macroeconómicos de la contabilidad nacional griega, a través de derivados
complejos. Entonces se afirmaba que el déficit público griego era de 3.7%
cuando en la realidad correspondía al 12.7%. Esta realidad se mantuvo oculta
hasta que el periodo de Karamanlís acaba, y entra Papandreu como Primer
Ministro. Él transparenta la realidad económica del Estado Griego, y su consecuencia lógica es el pánico especulativo. Las casas calificadoras de riesgo, ante la realidad,
disminuyen el rating de Grecia hasta bonos basura, después de haber sido excelentes. Grecia
queda de bruces ante la crisis, sin poder devaluar su moneda porque usa el euro,
y sin inversores en bonos de deuda griega debido a su calificación. Las presiones del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional llevan a Papandreu a aplicar dos paquetes de austeridad que sólo
le traen mayor descontento por parte de la población y, a finales del 2011,
dimite para dejar en su lugar a Papademos. El nuevo Primer Ministro —de facto— posee las
mismas circunstancias que Mario Monti. Draghi, quien ayudó a llevar a cabo la falsificación griega, era Vicepresidente de Goldman Sachs en
Europa, mientras que Papademos era Vicepresidente del Banco Central Europeo;
ahora Draghi es Presidente del Banco Central Europeo, y Papademos ostenta el Poder
Ejecutivo de Grecia.
La razón de ser de estos
Ejecutivos de facto es el alarmante desplome de las soberanías Europeas ante
estos tres poderes fácticos que las
rigen: Fondo Monetario Internacional, el Merkozy, y el Grupo Las Vegas. A través de
estos agentes estratégicos, colocados en los máximos puestos de mando de los
Estados Europeos, estos grupos hacen las reformas que consideren necesarias para
sostener las economías —cueste lo que cueste. Las demandas sociales en Grecia son
descomunales y rebasan los límites de la desesperación, pero están dirigidas a gobiernos que no tienen capacidad de respuesta debido a que: en primer lugar, no son soberanos; y, en segundo, reciben instrucciones de los
agentes económicos que los emanaron. España, no obstante, no se ha
visto involucrado en las mismas circunstancias, debido a que
soberanamente ha elegido a quien haga dichas reformas como lo habría hecho Monti o Papademos.
La crisis económica de España
es atribuida directamente a la
industria inmobiliaria que se vio fuertemente impulsada por la reforma a la Ley
de Suelo en 1988, y a la Ley del Trabajo en el 2003. Durante una década entera,
la economía crecía a pasos agigantados, y el desempleo disminuyó en un récord
histórico; pero todo formaba parte de la burbuja inmobiliaria que realizó en
principio mayor construcción de infraestructura que Francia, Alemania e Italia juntos, pero que ocultaba el hecho de que aquel desarrollo estaba tan sólo sostenido por endeudamiento para
financiar las construcciones. Naturalmente, al entrar en crisis los bancos españoles —debido a la crisis financiera estadounidense, como ya había explicado—, se manifiesta una
economía hueca que se desploma. Esta crisis, y todos sus resultados (el
desempleo que ahora aumenta como nunca antes, el creciente déficit público) se han combatido
durante el gobierno de izquierda de Zapatero atendiendo las
reformas obligadas por el Fondo Monetario Internacional y el Merkozy. Sí, esto
le otorgó basta impopularidad ante el pueblo español, pero fue lo
suficientemente fiel a ello para no necesitar ser remplazado por un gobernante de
facto; principalmente porque en las elecciones del 2011 se ejerció el mismo
voto de castigo que en Hungría, quitando a la izquierda y poniendo a la derecha en
un porcentaje electoral sin precedentes en la República Restaurada de España. Mariano Rajoy,
convenientemente, ha aprovechado sus primeros 100 días de gobierno para hacer las más imperativas e impopulares reformas estructurales, como lo hubiera hecho cualquier agente de Goldman Sachs en su lugar;
y, a pesar de las reiteradas Huelgas Generales que enfrentó Zapatero —y que ya
enfrentó Rajoy—, el
resultado es el mismo. Ahí el éxito de la relativa supervivencia de la soberanía española: No hay necesidad de
intervenir en una política soberana beneficiosa.
Ante este panorama, el
diagnóstico que les presento ofrece dos posibles variantes para la política
europea: O los Estados Europeos abandonan el euro paulatinamente, comenzando por las Naciones cuya
crisis es más cruda, manejándola así de manera independiente y recuperando
su soberanía —como afirma el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz—; o se fortalece
el euro, se unifican aún más los Estados, y se someten en mayor medida las soberanías ante la Unión Europea, —como pretende el principal beneficiado de esta alternativa: el Merkozy.
Lo que sucederá con Europa está
por verse, en los próximos días, meses, años: En el jale y estire de la lucha
de los Estados por sobrevivir a sus crisis, y a la penetración de las fuerzas
económicas mundiales en su gestión nacional. La decisión de la lucha independiente de cada Estado la marcará el costo-beneficio de sus intereses. Frente a las ganancias relativas y los costos totales se despliega el tablero.
